Un reciente reportaje de The Associated Press revela prácticas altamente polémicas en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, donde audiencias que parecían rutinarias se han convertido en verdaderas “trampas de deportación” bajo la actual administración del presidente Donald Trump.
El caso de un ciudadano cubano —quien acudió a su cita judicial acompañado de su esposa residente legal y su bebé de siete meses— expone el patrón observado en cortes de 21 ciudades: abogados del gobierno solicitan la desestimación rápida de casos para habilitar la “remoción expedita”, mientras agentes de ICE esperan en los pasillos para realizar arrestos inmediatos. En el episodio citado, el hombre fue detenido tras la audiencia, en medio de gritos y forcejeos.
Capturas de mensajes obtenidas por AP muestran la coordinación directa entre abogados del Departamento de Seguridad Nacional y agentes de inmigración, quienes preparan las detenciones con días de anticipación para cumplir cuotas. Según funcionarios citados, muchos de los afectados son hombres sin antecedentes penales ni representación legal.
Expertos y exjueces advierten que las prácticas actuales han desvirtuado los principios básicos de justicia. Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración, afirmó que el sistema ha perdido la imparcialidad y dignidad propias de un verdadero tribunal. Con un historial de casi 3.8 millones de casos pendientes, la rapidez con la que se despachan estos procedimientos preocupa incluso a funcionarios dentro del propio gobierno.
Desde enero, la administración Trump ha intensificado el control sobre los tribunales de inmigración: casi 90 jueces han sido destituidos, se han emitido 52 nuevas directrices para reforzar el alineamiento institucional y se ha permitido la participación de 600 abogados militares como jueces administrativos. Migrant advocates alertan que estas medidas podrían acelerar aún más las deportaciones sin garantizar un debido proceso.
A pesar de que Trump prometió enfocarse en “los peores criminales”, datos del Cato Institute citados por AP muestran que la mayoría de las personas detenidas en estas operaciones no tienen condenas penales. La opinión pública refleja creciente preocupación: el 57% de los adultos desaprueba actualmente la gestión presidencial en materia migratoria.
Mientras continúan las dudas sobre la legalidad y ética de estas prácticas —señaladas incluso por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados—, el debate nacional sobre seguridad, derechos humanos y debido proceso se intensifica.