Por Caitlin Yilek
Actualizado el: 6 de noviembre de 2025 / 6:01 p.m. EST / CBS News
Washington. — Los republicanos del Senado bloquearon el jueves una resolución sobre poderes de guerra destinada a impedir que el presidente Trump lleve a cabo ataques contra Venezuela, después de que un grupo bipartidista de senadores advirtiera que una campaña continua contra presuntos narcotraficantes en la región podría escalar.
La votación para avanzar en la resolución fracasó con 49 votos a favor y 51 en contra. Los senadores Rand Paul, de Kentucky, y Lisa Murkowski, de Alaska, fueron los únicos republicanos que la apoyaron.
La resolución, encabezada por el senador demócrata Tim Kaine, ordenaría al presidente “terminar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que haya una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”. La resolución tenía 15 copatrocinadores, incluido el senador demócrata Adam Schiff, de California, y Paul.
“El Congreso no debería ceder su poder a ningún presidente”, dijo Kaine a los periodistas en el Capitolio el jueves. “Si mis colegas creen que una guerra contra los narcotraficantes en el océano o una guerra contra Venezuela es una buena idea, entonces que presenten una [autorización para el uso de la fuerza militar], que la debatamos y votemos, pero no entreguemos ese poder al Ejecutivo. Eso va en contra de todo sobre lo que se fundó esta nación.”
El ejército estadounidense está aumentando sus fuerzas en aguas frente a Sudamérica y ha realizado 16 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental desde el 2 de septiembre, matando al menos a 67 personas. En el sexto ataque, dos personas sobrevivieron.
Kaine presentó la resolución bipartidista el 16 de octubre, un día después de que el presidente Trump confirmara que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.
“Muchas de las drogas venezolanas llegan por mar”, dijo Trump en ese momento. “Pero también las vamos a detener por tierra.”
Trump dijo la semana pasada que aún no había tomado una decisión sobre ataques dentro de Venezuela.
La administración Trump comenzó recientemente a informar a los legisladores sobre los ataques antes de la votación del jueves, permitiéndoles leer la opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que, según el gobierno, justifica las acciones. El secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth se reunieron el miércoles con líderes del Congreso y jefes de los comités de seguridad nacional, mientras legisladores de ambos partidos exigían más detalles sobre la base legal e informativa de los ataques.
Los demócratas salieron de la sesión informativa diciendo que las respuestas de la administración sobre la justificación legal fueron insuficientes, aunque expresaron confianza en las capacidades de la comunidad de inteligencia de EE. UU.
“Nada en la opinión legal menciona siquiera a Venezuela”, dijo el senador Mark Warner, de Virginia, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado.
Warner agregó que los activos de inteligencia sobre operaciones de narcotráfico en la región son “bastante buenos”, pero argumentó que EE. UU. debería interceptar los barcos y llevar a los presuntos traficantes ante la justicia.
“No me preocupa mucho que vayan a atacar un barco pesquero, porque nuestra comunidad de inteligencia es muy, muy buena. Pero no estoy seguro de que sepamos exactamente quién está en esos barcos y por qué”, dijo el representante Jim Himes, de Connecticut, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, no estuvo de acuerdo con esa descripción, diciendo a los periodistas que “sabemos el contenido de los barcos” y “sabemos quiénes son los tripulantes, casi persona por persona”.
Kaine dijo el jueves que la opinión de la Oficina de Asesoría Legal se basa en una interpretación errónea del texto constitucional. Schiff añadió que la opinión “es tan amplia que podría autorizar prácticamente cualquier cosa”.
“Si esa opinión se adoptara, no habría ninguna restricción para el uso de la fuerza en ninguna parte del mundo”, afirmó.
Schiff también cuestionó el aumento militar estadounidense en la región, calificándolo de “secreto a voces de que esto tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen”. En una entrevista con “60 Minutes” la semana pasada, Trump dijo que los días del presidente venezolano Nicolás Maduro “están contados”.
Después de la sesión informativa del miércoles, Himes dijo que “no hay planes aparentes de ampliar esto más allá de lo que dicen que están haciendo”.
Kaine comentó que algunos de sus colegas republicanos se sienten incómodos con el potencial de escalada, pero no le han dicho que planeen apoyar su resolución. Schiff agregó que algunos “podrían haberse sentido más cómodos cuando pensaban que sería una campaña muy breve, pero ahora que es algo continuo y sin un final definido, creo que la preocupación ha aumentado.”
La resolución de Kaine requeriría que EE. UU. retirara sus fuerzas armadas de “hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”. Afirmaba que las acciones estadounidenses en la región “indican una participación inminente” en hostilidades dentro o contra la nación sudamericana.
En octubre, los republicanos del Senado bloquearon un esfuerzo similar destinado a impedir los ataques estadounidenses continuos contra presuntas embarcaciones con drogas frente a la costa venezolana. Kaine dijo que él y Schiff planean seguir insistiendo en votar sobre el tema de los poderes de guerra.
Según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de introducir fuerzas armadas en hostilidades, a menos que haya una declaración de guerra o autorización del Congreso. En situaciones de emergencia, la administración debe informar al Congreso dentro de 48 horas y cesar las hostilidades en un plazo de 60 días si no hay autorización. Ese plazo de 60 días expiró el lunes.
Cuando se le preguntó cómo planea proceder la administración, un alto funcionario dijo a CBS Newsque la resolución de 1973 “se ha entendido como aplicable a la colocación de miembros de las fuerzas armadas de EE. UU. en peligro”. Los ataques, según el funcionario, han sido realizados principalmente por drones lanzados desde buques de guerra “a distancias demasiado grandes como para poner en riesgo al personal estadounidense”. Añadió que la administración no considera los ataques contra los presuntos narcotraficantes como “hostilidades”.
En un discurso del 8 de octubre, Rand Paul dijo que los ataques corren el riesgo de matar a personas inocentes y criticó la falta de debido proceso.
“Si a alguien realmente le importara la justicia, quizá los responsables de decidir a quién matar podrían decirnos sus nombres, presentar pruebas de su culpabilidad, mostrar evidencias de sus crímenes”, dijo Paul. “¿Es demasiado pedir conocer los nombres de quienes matamos antes de matarlos? Saber qué pruebas existen de su culpabilidad. Al menos, el gobierno debería explicar cómo se llegó a etiquetar a esa banda como terrorista.”
El jueves, Paul preguntó por qué los dos sobrevivientes fueron repatriados si eran una amenaza para EE. UU.
Alan He, Jaala Brown y Ed O’Keefe contribuyeron a este informe.
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