La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este lunes que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo «el crimen de persecución por razones políticas».
Destacó que «no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales», por lo que «la única esperanza de justicia para las víctimas» recae en definitiva en la comunidad internacional.
La misión señaló en un nuevo informe que la única esperanza de que las victimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional.
De acuerdo con una nota de prensa de la ONU, el informe revela nueva evidencia de la dura represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y advierte que la persecución por motivos políticos, incluyendo contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, ha continuado en 2025.
La Misión de Determinación de los Hechos concluyó que, de las 25 muertes en protesta ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas, señala la nota de prensa de la ONU.
Destaca que en las protestas de la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes y seis personas murieron. Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia, dice la nota de prensa que cita el informe.
La Misión documentó la muerte de cinco personas detenidas durante protestas en 2024 y 2025. En dos casos, se establecieron «motivos razonables para creer que el Estado no brindó atención médica oportuna», sometiendo a los detenidos a «tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Patricia Tappatá, experta de la Misión, subrayó que: «Las muertes por deterioro de salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida. A esto se suma el maltrato a familias, la falta de investigación y la complicidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo».
Aunque las autoridades excarcelaron progresivamente a 2,006 de las 2,220 personas detenidas en 2024, la Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas contra críticos del gobierno. Un hallazgo alarmante: 220 niños entre 13 y 17 años fueron detenidos, sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso, cita el documenyo. Cuatro adolescentes permanecen detenidos en La Guaira y Lara.
Francisco Cox, otro experto de la Misión, precisó: «Las detenciones de 2025 repiten el patrón de 2024: sin base legal, realizadas por individuos enmascarados y con fabricación de expedientes penales. Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales».
El informe describe una maquinaria estatal que emplea torturas sistemáticas: asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación. Los tribunales ignoran sistemáticamente las denuncias.
Adicionalmente señalan que leyes como la de «financiación de ONG» y la «Ley Simón Bolívar» han funcionado como «piezas adicionales de la maquinaria represiva», forzando a organizaciones civiles a limitar programas o cerrarlos.