El fin del programa, que está previsto para expirar el 10 de septiembre, será efectivo 60 días después de que éste sea publicado en el Registro Federal, según las autoridades.
La Administración Trump anunció este miércoles la cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) del que dependen más de 250,000 inmigrantes venezolanos y que está previsto para expirar el 10 de septiembre.
El fin del programa, instaurado por la Administración Biden en 2021, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal, anunció el Gobierno, sin dar fechas de dicha acción.
«Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz», anunció el Servicio de Inmigración (USCIS) en un comunicado.
El Gobierno pidió a los venezolanos amparados bajo el TPS que se autodeporten, ofreciéndoles pagar el boleto aéreo y un bono de 1,000 dólares, así como «posibles oportunidades futuras de inmigración legal», una promesa que algunos abogados de inmigración advierten que no tiene ninguna garantía.
La decisión del Gobierno de Donald Trump se da pese a que el viernes, una corte federal de apelaciones bloqueó sus planes para poner fin a las protecciones para casi 600,00 venezolanos que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.
Este grupo de inmigrantes venezolanos depende de dos programas TPS distintos: uno cuya protección terminó en abril y del que dependen 350,000 personas y otro que expira el próximo miércoles y cuya cancelación fue anunciada hoy por el Gobierno.
El Congreso autorizó el TPS como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Esa medida permite al secretario del Departamento de Seguridad Nacional otorgar estatus migratorio legal a personas que huyen de países que sufren conflictos civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden un regreso seguro a su país de origen.
Al poner fin a las protecciones, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las condiciones tanto en Haití como en Venezuela habían mejorado y que era un interés nacional permitir que los migrantes de ambos países se quedaran en lo que es un programa temporal.
Un grupo de inmigrantes venezolanos demandaron al Gobierno para evitar la cancelación de las protecciones.
El viernes, un panel del Noveno Circuito dictaminó que los demandantes probablemente tendrán razón en su afirmación de que el DHS no tiene autoridad para anular o dejar sin efecto una extensión previa del TPS porque el estatuto vigente redactado por el Congreso no lo permite.
El juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, determinó en marzo que los demandantes probablemente prevalecerán en su afirmación de que el gobierno excedió su autoridad al poner fin a las protecciones y que estaba motivados por animosidad racial al hacerlo. Chen ordenó congelar las terminaciones, pero la Corte Suprema revocó su fallo sin explicación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.
*Con información de AP