Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investiga como «desaparición» el caso de al menos uno de los 250 venezolanos expulsados por parte del gobierno de Donald Trump a la cárcel de pandilleros de El Salvador, el Cecot. El 11 de junio de 2025, Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de este organismo de la ONU, envió una carta al abogado de inmigración Martin Rosenow, quien representa a Franco José Caraballo, expulsado a El Salvador —como otros 230 venezolanos— en uno de los vuelos que salieron desde Texas el 15 de marzo.En la carta, Citroni informa a Rosenow que el organismo examinó el caso de «desaparición» de Caraballo y lo transmitió al gobierno de El Salvador. «El Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos», se lee.
Rosenow contó a Univision Noticias que la última información conocida sobre Caraballo la tuvo el 14 de marzo. Ese viernes por la noche él llamó a su esposa llorando y le dijo que lo iban a deportar a Venezuela: «No tenía idea de que lo iban a enviar a El Salvador. Cuando yo me entero de que lo habían montado en un avión el viernes, yo dije: ‘No puede ser que lo estén deportando, porque él todavía tiene su proceso pendiente y no puede ser deportado legalmente sin tener una orden de deportación’».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OHCHR) señaló en un comunicado el 30 de abril que expertos estaban preocupados por la forma en que los venezolanos y salvadoreños habían sido enviados a El Salvador bajo el uso de esta ley, de forma «sumaria»: «Parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a tribunales, en contravención con el derecho internacional (…) Las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional».
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzosa considera que se está en esa condición cuando se es «arrestado, detenido, secuestrado o privado de libertad de cualquier otra forma por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado. Va seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de ocultar la suerte o paradero de la persona desaparecida, lo que la sustrae de las protecciones de la ley».
Distintos voceros del gobierno de Trump han asegurado que los venezolanos en el Cecot están bajo la autoridad de El Salvador. Esta aseveración ha sido criticada por abogados, organizaciones y políticos que argumentan que la custodia sigue estando en manos de Estados Unidos. Aseguran que el gobierno de Donald Trump es quien paga por su manutención y tiene la autoridad de devolverlos para continuar con sus procesos migratorios o ser deportados a Venezuela.//UNIVISION.