El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA) sesionó hoy para abordar diversas problemáticas, destacando la situación de los trabajadores jubilados y el proceso de elecciones de autoridades. El secretario de la ULA, Manuel Morocoima, informó sobre los puntos clave tratados durante la jornada.
Bono de Guerra Económica: pago incompleto y exhorto a la no discriminación
Uno de los temas centrales de la sesión fue el retraso en el pago del bono de guerra económica a los trabajadores jubilados de la institución, así como una discrepancia en el monto recibido. Morocoima detalló que, si bien el dinero comenzó a llegar a las cuentas de los jubilados durante la mañana de hoy, el monto no fue el esperado. En lugar de los 120 dólares correspondientes, los jubilados recibieron 112 dólares, generando preocupación y malestar en el sector.
Ante esta situación, el Consejo Universitario acordó por unanimidad realizar un remitido oficial donde se exhortará a las instancias pertinentes a no discriminar a los jubilados de los trabajadores activos en la asignación de este tipo de beneficios. La universidad busca garantizar que los derechos económicos de sus jubilados sean respetados y que reciban el mismo trato que el personal activo.
Elecciones de Autoridades a discutir el 30 de junio
En una moción de urgencia, se abordó el tema crucial de las elecciones de autoridades universitarias, suspendidas el año pasado por objeciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La principal objeción del TSJ se basó en la exclusión de los profesores jubilados del derecho a elegir y ser elegidos.
En este sentido, el Consejo Universitario acordó discutir las propuestas para la realización de las elecciones de autoridades en la sesión del lunes 30 de junio. La intención es incluir en estas propuestas la participación plena de los profesores jubilados, permitiéndoles ejercer tanto su derecho al voto como la posibilidad de postularse para cargos directivos. Esta medida busca subsanar el punto que generó la suspensión anterior y avanzar en la renovación de las autoridades universitarias en el marco de la legalidad y la inclusión.
Leonardo Rodríguez Dugarte / Compás Informativo