Mérida, 3 de junio de 2025. — El Gobierno de Estados Unidos informó ante una corte federal que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “gestionando personalmente” el retorno del joven venezolano Daniel Lozano Camargo, quien fue deportado por error a El Salvador, donde permanece recluido en una prisión de máxima seguridad.
Según documentos judiciales presentados este lunes, una funcionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Melissa Harper, afirmó que Rubio “realiza esfuerzos rápidos y diligentes” para cumplir con la orden emitida por la jueza federal Stephanie Gallagher, que exige el regreso de Lozano Camargo a Estados Unidos.
“El secretario Rubio mantiene una relación personal con el presidente Bukele y con altos funcionarios del Gobierno salvadoreño que se remonta a más de una década, cuando formaba parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado”, señaló Harper. Esta conexión estaría siendo clave en las negociaciones para corregir la deportación del migrante, quien fue identificado en el proceso bajo el alias “Cristian”.
La jueza Gallagher calificó la deportación como un “incumplimiento de contrato”, ya que el joven estaba protegido por un acuerdo judicial que prohibía su expulsión mientras se resolvía su solicitud de asilo.
Este caso forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 por menores no acompañados que solicitaron asilo en EE. UU. y cuyo proceso migratorio debía resolverse antes de cualquier deportación. El Gobierno de Trump ha alegado que Lozano fue retirado del acuerdo por su supuesta afiliación con la pandilla Tren de Aragua, invocando la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Lozano Camargo es el segundo migrante que una corte federal ha ordenado regresar desde El Salvador tras haber sido deportado erróneamente. El primero fue Kilmar Abrego García, residente legal en Maryland, y un tercer caso involucra a un joven guatemalteco identificado como O.C.G., quien fue deportado pese a su petición de asilo por persecución y abuso.
Hasta el momento, Rubio no ha confirmado públicamente si el Gobierno ha solicitado formalmente a El Salvador el regreso de estos migrantes. “Nunca lo diría. ¿Y sabe a quién más nunca se lo diría? A un juez”, declaró durante una reunión de Gabinete el pasado 30 de abril.
La intervención directa del secretario de Estado en estos casos subraya el creciente escrutinio judicial sobre las prácticas de deportación del Gobierno de Trump, tras múltiples fallos que exigen la restitución de los derechos de los solicitantes de asilo indebidamente expulsados.
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