Por James Hill, Armando García, Peter Charalambous y Laura Romero – 1 de mayo de 2025, 1:27 PM
Un juez federal designado por Trump bloqueó de forma permanente a la administración del expresidente Donald Trump de detener, trasladar o deportar a venezolanos en el Distrito Sur de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés), al considerar que dicho uso de la norma “excede el alcance” de la ley.
Esta decisión marca la primera vez que un juez federal declara ilegal el uso de la AEA por parte de Trump, rechazando su afirmación de que la pandilla venezolana Tren de Aragua representa una invasión a Estados Unidos.
El fallo del juez federal Fernandez Rodríguez aplica únicamente a deportaciones basadas en la AEA y no impide que el gobierno detenga o busque deportar personas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En un dictamen de 36 páginas, el juez concluyó que la invocación de la AEA por parte de Trump el 15 de marzo fue “ilegal” y que el presidente no puede declarar arbitrariamente una invasión o incursión predatoria para justificar deportaciones sin el debido proceso legal.
Aunque el juez no se pronunció sobre si el Tren de Aragua representa a una nación extranjera, concluyó que la administración no demostró que el grupo esté llevando a cabo una invasión o incursión armada, como exige la AEA. La proclamación de Trump calificaba al Tren de Aragua como un “estado criminal híbrido”, pero no aportaba pruebas de un ataque armado organizado.
El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), celebró el fallo: “El tribunal dictaminó correctamente que el presidente no tiene autoridad para declarar una invasión y aplicar una ley de guerra del siglo XVIII en tiempos de paz”.
Además, el juez Rodríguez rechazó el argumento del gobierno de que las decisiones presidenciales bajo la AEA no pueden ser revisadas por los tribunales: “La ley no respalda tal posición”, escribió.
Este fallo es el primero que declara expresamente ilegal el uso de la AEA por parte de Trump para deportar migrantes y representa un revés clave para su política migratoria.
La administración de Trump había iniciado las deportaciones en marzo, enviando a presuntos miembros del Tren de Aragua a la megacárcel CECOT en El Salvador, a pesar de que muchos no tenían antecedentes penales en EE.UU. ICE argumentó que la falta de información sobre los individuos aumentaba el riesgo que representaban.
La Corte Suprema de EE.UU. posteriormente levantó una orden judicial que bloqueaba las deportaciones bajo la AEA, pero dictaminó que los detenidos deben tener derecho al debido proceso en el distrito donde se encuentren.