El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este martes emergencia económica y sanitariaen todo el país, en respuesta al alarmante brote de fiebre amarilla que ha dejado hasta ahora 74 casos humanos y 32 fallecidos, con el departamento del Tolima como principal foco de contagio.
De acuerdo con el mandatario, la fiebre amarilla presenta una tasa de mortalidad del 50 %, lo que ha llevado al Gobierno a movilizar recursos y acciones extraordinarias para frenar su propagación. “El calor hace que el mosquito suba las montañas, atraviese los páramos y llegue a ciudades como Bogotá”, explicó Petro, refiriéndose al vector transmisor del virus, el mosquito Aedes aegypti, cuya expansión se ha visto favorecida por el cambio climático.
La declaratoria permite la adquisición urgente de vacunas y medicamentos, además de inversiones excepcionales en personal sanitario, equipos médicos y fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. También se activó una campaña nacional de prevención y fumigación por parte del Ministerio de Salud.
Sin embargo, el decreto no ha estado exento de polémica. Sectores empresariales, como Fenalco, rechazaron la intención del Ejecutivo de adelantar el recaudo de impuestos para financiar la emergencia. En el Congreso, voces como la del representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) expresaron preocupación por la transparencia en la gestión de los recursos. “Hay que poner todos los ojos en esas movidas”, afirmó.
Por su parte, el congresista Duvalier Sánchez (Partido Verde) puso en duda la necesidad de una emergencia económica, señalando que el brote, aunque grave, podría manejarse con mecanismos ordinarios del sistema de salud. “Esta emergencia quizás puede ser diagnosticada, controlada y prevenible”, declaró.