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Por Camilo Montoya-Gálvez
14 de abril de 2025 / 10:13 p.m. EDT / CBS News
La administración Trump no puede revocar de manera inmediata las protecciones contra la deportación ni los permisos de trabajo de cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo un programa creado durante el gobierno de Biden, dictaminó este lunes una jueza federal.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Indira Talwani, bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin al estatus legal de estos migrantes el 24 de abril. El gobierno había advertido que los afectados debían abandonar el país voluntariamente antes de esa fecha o enfrentarse a arrestos y deportaciones por parte de agentes migratorios federales.
Sin embargo, Talwani suspendió dichas advertencias de deportación y prohibió que los funcionarios revocaran la protección legal —conocida como “parole” migratorio— que la administración Biden otorgó a más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
La jueza argumentó que no se puede terminar de forma masiva ese estatus sin revisar cada caso individualmente.
“La terminación anticipada, sin justificación individual, del estatus legal para personas que han cumplido con los programas del DHS y han ingresado legalmente al país, socava el estado de derecho”, escribió Talwani, que ejerce en el tribunal federal de Boston.
El fallo representa un alivio significativo para quienes llegaron bajo una política que, según la administración Biden, promovía la inmigración legal y desincentivaba los cruces irregulares por la frontera sur.
Bajo ese programa, conocido como CHNV, un total de 532.000 migrantes de los cuatro países pudieron volar a EE. UU. tras obtener el patrocinio de personas radicadas en el país. Al llegar, se les concedía parole migratorio y autorización de trabajo por dos años.
Funcionarios de la administración Biden atribuyeron en parte a esta política la reducción de cruces ilegales por parte de ciudadanos de esos países. Sin embargo, el programa generó controversias.
Varios estados gobernados por republicanos impugnaron la legalidad de la iniciativa, argumentando que el gobierno federal no tenía autoridad para admitir a tantos extranjeros mediante un programa con reglas de elegibilidad tan amplias.
La administración Biden suspendió el programa por varias semanas en 2024 debido a preocupaciones por solicitudes fraudulentas. También decidió no permitir renovaciones del parole una vez vencido el período de dos años, indicando que los beneficiarios podían solicitar otras protecciones migratorias, como asilo o TPS.
El programa CHNV fue pausado inmediatamente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Su gobierno comenzó a desmantelar políticas migratorias basadas en parole, alegando que excedían la autoridad presidencial. Además, argumentaron que los beneficiarios no fueron debidamente evaluados.
El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que daría 30 días a los beneficiarios del CHNV para salir voluntariamente del país o enfrentar arrestos y deportación. Afirmaron que priorizarían a quienes no hubieran solicitado otro beneficio migratorio, como asilo o residencia.
Hasta el momento, el DHS no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre la orden judicial emitida este lunes.