Un juez bloqueó temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Por Armando García, Peter Charalambous y Katherine Faulders
18 de marzo de 2025 | 4:00 PM
Muchos de los no ciudadanos deportados el sábado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, según declaró un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un documento jurado.
En su declaración, Robert Cerna, director interino de la Oficina de Ejecución y Remoción de ICE, argumentó que “la falta de información específica sobre cada individuo en realidad resalta el riesgo que representan” y “demuestra que son terroristas de quienes carecemos de un perfil completo”.
Esta declaración fue incluida en la moción de la administración Trump para anular la orden de restricción temporal del juez James Boasberg, la cual bloqueaba las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
“La falta de antecedentes no significa que no sean una amenaza”
Cerna reconoció que muchos de los presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua que fueron deportados no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. “Eso se debe a que han estado en el país por un período corto de tiempo. La falta de antecedentes no indica que representen una amenaza limitada”, afirmó.
La admisión de que muchos de los deportados no tenían historial criminal—y que fueron expulsados bajo la presunción de que podrían ser terroristas—contradice las afirmaciones de altos funcionarios de la administración Trump, quienes han insistido en que estos hombres eran criminales violentos. El propio expresidente Donald Trump los calificó como “monstruos”.
Criterios para determinar vínculos con el Tren de Aragua
Cerna señaló que algunos de los deportados habían sido arrestados o condenados en EE.UU. por delitos como asesinato, asalto, acoso y tráfico de drogas. Según el funcionario, el personal de ICE “examinó cuidadosamente a cada extranjero para garantizar que, de hecho, fueran miembros del Tren de Aragua”.
Para determinar si un no ciudadano pertenecía a esta organización, las autoridades supuestamente utilizaron testimonios de víctimas, transacciones financieras, verificaciones en bases de datos y otras “técnicas de investigación”. Cerna enfatizó que “ICE no se basó únicamente en publicaciones en redes sociales, fotografías de los individuos haciendo gestos relacionados con pandillas o tatuajes”.
Además, indicó que una revisión de las bases de datos de ICE sugirió que “numerosos individuos deportados” habían sido arrestados o condenados fuera de EE.UU. Al menos cinco de ellos tenían notificaciones de INTERPOL por delitos como violación, secuestro, corrupción y posesión de armas ilegales.
También afirmó que algunos de los deportados fueron arrestados o encontrados durante redadas de las fuerzas del orden en EE.UU., aunque no especificó si fueron acusados o condenados por algún delito.
Falta de transparencia en las deportaciones
La administración Trump no ha revelado las identidades ni el estatus de los deportados, por lo que se desconoce cuántos de los más de 200 expulsados tenían antecedentes criminales en EE.UU. o en el extranjero.
Por su parte, abogados del Departamento de Justicia argumentaron que las órdenes judiciales que bloquearon las deportaciones “son un atentado contra la amplia autoridad constitucional y legal del presidente para proteger a Estados Unidos de extranjeros peligrosos que representan una grave amenaza para el pueblo estadounidense”.
El martes, el juez Boasberg ordenó al gobierno presentar antes del miércoles al mediodía, bajo sello judicial, detalles sobre dos aviones que la administración no regresó a EE.UU. tras su orden verbal de la semana pasada./ABCnews