Caracas. La Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria de este martes, aprobó de manera unánime el informe presentado por la comisión especial para investigar las irregularidades cometidas por individuos y partidos de oposición, quienes en una trama de corrupción se confabularon para despojar a Venezuela del holding petrolero Citgo, perteneciente a Pdvsa, y entregárselo a Estados Unidos durante el gobierno interino de Juan Guaidó.
En el informe, presentado y leído por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, se revela paso por paso las acciones cometidas a partir de 2018, lideradas por el entonces designado por el gobierno de Guaidó como procurador del Estado, José Ignacio Hernández, quien en combinación con dirigentes políticos de Primero Justicia, Vente Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Voluntad Popular, además de organizaciones no gubernamentales, armó toda una trama de corrupción para despojar a Venezuela de la empresa con sede en Estados Unidos.
En el informe se señala que entre los políticos involucrados destacan los prófugos Juan Guaidó, Julio Borges y Leopoldo López. También María Corina Machado, Henry Ramos Allup, el actual gobernador del Zulia, Manuel Rosales, Juan Pablo Guanipa, Kennedy Bolívar, Jesús Pérez Oropeza, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera e Iván Simonovis, entre otros.
Infante detalló que consignaron listas de los involucrados, que incluye a 351 personas y otras 149 de distintas organizaciones no gubernamentales que recibieron dinero de la Fundación Simón Bolívar, adscrita a Citgo, además de 94 exdiputados del periodo 2016-2021 y 108 seudofuncionarios de las juntas ad hoc.
Solicitan aprehensiones
El informe aprobado presenta siete puntos, entre los que destacan la solicitud de aprehensión de todas aquellas personas (351) implicadas, adicional a 149 pertenecientes a organizaciones no gubernamentales que se beneficiaron de recursos provenientes de la Fundación Simón Bolívar, destinados en principio a atender niños con enfermedades delicadas.
En este punto, también se le extiende la llamada alerta roja a Interpol para la detención de aquellas personas involucradas que se encuentren actualmente en el exterior.
Además, piden que se inicie la determinación de responsabilidades administrativas e inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos de todos los que usurparon cargos bajo el falso gobierno interino.
La solicitud incluye remitir el informe al Ministerio Público para que, de manera inmediata, realice la investigación y posterior responsabilidad penal individual de los políticos y las ONG que participaron en el robo.
Asimismo, solicita que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) identifique las propiedades y bienes de los involucrados para aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la Protección de los Bienes en el Extranjero.
Otro de los acuerdos es instar a la Procuraduría General de la República a que efectúe la medida cautelar y nominada por daños y perjuicios ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y pedir la prohibición de enajenar y gravar bienes que existen en Venezuela, y congelar las cuentas bancarias de los involucrados.
En el documento se establece que en la trama de corrupción se cometieron los siguientes delitos: forjamiento por falsedad de acto público, establecido en el Código Penal; delincuencia organizada, señalada en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, apropiación indebida de bienes de la República (Código Penal) y traición a la Patria (artículo 130 de la Constitución).
Rodríguez: son descarados
Luego de escuchar la lectura del informe, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recalcó que estas personas aún tienen el descaro de hacerse llamar “presos políticos, de autodenominarse presos políticos”.
El jefe parlamentario agregó que la importancia del informe es que “se establezcan de inmediato las responsabilidades políticas, administrativas, sobre todo penales”.
Asimismo, abogó para que, en el contexto de la revisión de las leyes electorales que actualmente se desarrolla en el Poder Legislativo, se establezca la normativa para que estas personas “nunca más vuelvan a hacerle daño al territorio, a la nación, a nuestra economía y a nuestra gente”./ ultimasnoticias.com.ve