Organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas. Cristosal y Robert F. Kennedy Human Rights exigen acceso legal y garantías fundamentales.
San Salvador / Washington D.C. – 1 de mayo de 2025 | Fuente: Cristosal – Kerry Kennedy / teleSUR: DRB
Las organizaciones defensoras de derechos humanos Cristosal y Robert F. Kennedy Human Rightsdenunciaron esta semana la detención arbitraria de 252 migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde permanecen incomunicados, sin acceso a abogados ni debido proceso legal, tras ser deportados desde Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa, las organizaciones alertaron que la mayoría de los detenidos no posee historial criminal. Según Noah Bullock, director de Cristosal, casi 90% de estas personas no tienen antecedentes penales y muchas contaban con estatus migratorio regular o estaban en proceso de solicitar asilo. “No hay ninguna razón por la cual están ahora privados de libertad en un centro penal en El Salvador”, afirmó Bullock.
Cristosal ha recibido 139 denuncias de familias venezolanas afectadas y ha presentado 39 recursos de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional en El Salvador, en un esfuerzo por restituir derechos y acceder a información sobre los detenidos.
Por su parte, Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, denunció tratos crueles e inhumanos: “Les negaron comida, agua, atención médica y el derecho a comunicarse con sus familias o abogados. Mientras no se les permita ser vistos por sus representantes legales, estos venezolanos están en condición de desaparición forzada”.
Falta de acceso y opacidad gubernamental
Kennedy denunció también la falta total de respuesta por parte del gobierno salvadoreño, incluyendo la Presidencia, Vicepresidencia y Cancillería. “A pesar de los derechos que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el gobierno, empezando por el presidente Bukele, no respetó estos derechos”, afirmó.
Criminalización sin pruebas
El informe revela que en el 48% de los casos se les acusa genéricamente de pertenecer a una pandilla, sin pruebas individuales. Solo el 13% tiene antecedentes penales. Además, el 94% de las deportaciones fueron ejecutadas por ICE, y la mayoría de las familias conocía la ubicación de sus seres queridos en EE.UU. antes del traslado, pero la comunicación se ha perdido totalmente desde su llegada a El Salvador.
Organismos internacionales y Congreso de EE.UU. serán notificados
Cristosal y Robert F. Kennedy Human Rights anunciaron que llevarán el caso ante el Congreso de Estados Unidos y las Naciones Unidas, exigiendo medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de los migrantes.
La situación ha sido calificada como una grave crisis de derechos humanos, con implicaciones regionales, al tratarse de ciudadanos venezolanos deportados e incomunicados en una prisión de máxima seguridad sin garantías judiciales.
Contacto de prensa:
Cristosal: https://cristosal.org
Robert F. Kennedy Human Rights: https://rfkhumanrights.org
Fuente: teleSUR: DRB